Sin los votos, Bullrich retiró la reforma de la Ley de Tierras y evitó una derrota en el Senado

La reforma de la Ley de Tierras que el oficialismo buscaba incluir dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se cayó antes de llegar al recinto. La Libertad Avanza resolvió retirar el capítulo III de la iniciativa, el tramo que modificaba la Ley 26.737, después de una reunión de urgencia encabezada por Patricia Bullrich con senadores aliados y jefes de bloques dialoguistas. La decisión dejó un dato político claro: no estaban los votos para avanzar sobre el régimen que limita la compra y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.

El movimiento se produjo en la tarde del miércoles, pocas horas antes de la sesión prevista para este jueves a las 14 en el Senado, convocada para retomar el cuarto intermedio votado el 16 de julio. Según reconstruyó Parlamentario, Bullrich mantuvo el encuentro en oficinas del radicalismo junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la santacruceña Natalia Gadano; la tucumana Beatriz Ávila; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; el correntino Carlos “Camau” Espínola; y los senadores del PRO Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

La retirada no implica la caída completa del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero sí del punto que concentraba la mayor resistencia social, federal y parlamentaria. La norma general todavía incluye cambios sobre expropiaciones, desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y registros inmobiliarios. Lo que quedó afuera, al menos para esta discusión inmediata, es la reforma a la Ley 26.737, llamada formalmente Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece un límite nacional, provincial y subprovincial para la titularidad extranjera de tierras rurales. También fija restricciones por nacionalidad y protege zonas consideradas sensibles, entre ellas áreas vinculadas a cuerpos de agua de envergadura y territorios de frontera. El debate de estos días giró alrededor de cuánto de ese esquema debía mantenerse y cuánto debía flexibilizarse bajo el argumento de atraer inversiones y reforzar la seguridad jurídica.

El proyecto original del Gobierno había sido presentado como una defensa amplia del derecho de propiedad. Fue impulsado por el Poder Ejecutivo y defendido en el Senado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo en comisión que la legislación vigente resultaba “flagrantemente inconstitucional” por limitar la adquisición de tierras rurales por parte de privados extranjeros. La iniciativa había ingresado por la Cámara alta a fines de marzo, surgida del trabajo del Consejo de Mayo, y desde entonces acumuló modificaciones, negociaciones y postergaciones.

El capítulo de tierras fue mutando. Primero, el texto apuntaba a eliminar casi todos los límites para la compra de tierras rurales por extranjeros privados, manteniendo restricciones para Estados extranjeros o empresas con participación estatal. Luego, ante el rechazo creciente de sectores provinciales, legisladores opositores, organizaciones sociales, referentes de la Iglesia y bloques dialoguistas, el oficialismo intentó una salida intermedia: elevar el tope de extranjerización al 25% por provincia y abrir un esquema en el que las provincias pudieran regular con mayor autonomía. Esa concesión tampoco alcanzó.

La resistencia más determinante llegó desde el propio mapa federal que el oficialismo necesitaba para juntar mayoría. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo que había hablado con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y que ambas rechazaban la iniciativa. Jaldo sostuvo que se podía aceptar inversión extranjera, pero no apropiación de tierras argentinas. Desde Neuquén, Rolando Figueroa publicó un video en el que afirmó que no acompañaría la extranjerización de tierras; la senadora Julieta Corroza, alineada con su provincia, replicó ese mensaje. En Misiones, Carlos Arce comunicó su voto negativo contra la totalidad del capítulo III y Hugo Passalacqua también fijó posición: “Lo que amamos no se vende”.

Ese giro fue decisivo porque el oficialismo llegaba con un poroteo extremadamente ajustado. Según la cobertura parlamentaria, La Libertad Avanza aspiraba a reunir alrededor de 35 o 36 votos, pero no alcanzaba los 37 necesarios para sostener una mayoría simple en una Cámara de 72 bancas. Con más de 37 expresiones en contra de la extranjerización de tierras rurales, Bullrich y los aliados optaron por sacar el capítulo del temario antes de exponerse a una derrota en el recinto.

La discusión también quedó atravesada por el debate reglamentario sobre el voto remoto de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó su participación virtual “ad referéndum” del Senado debido a una restricción médica vinculada con su embarazo avanzado. El cuerpo deberá definir si convalida esa modalidad con voz y voto. La decisión agregaba tensión a una sesión ya cargada: si la autorización prosperaba, el oficialismo debía recalcular una aritmética de por sí frágil.

La caída del capítulo III deja vigente el límite del 15% previsto por la Ley de Tierras para el dominio extranjero de tierras rurales. También mantiene, por ahora, las restricciones que la oposición dura, sectores de la Iglesia, organizaciones sociales, legisladores provinciales y parte de los bloques dialoguistas presentaban como resguardos de soberanía, ambiente y control territorial. El oficialismo, en cambio, defendía que esas limitaciones bloqueaban inversiones, generaban discrecionalidad y debían ser reemplazadas por reglas más compatibles con la propiedad privada y el federalismo.

El punto político central es que el Gobierno decidió preservar el resto del proyecto antes que arriesgarlo por el capítulo más resistido. En la práctica, el retiro de la reforma de la Ley de Tierras funciona como una derrota parcial de Bullrich y Sturzenegger, pero también como una maniobra para salvar el núcleo de la ley de propiedad privada. Los jefes de bloques que participaron de la reunión acordaron tratar el tema de tierras por separado en el mediano plazo, con una redacción que pueda reunir más consenso.

Ahora la sesión del jueves seguirá concentrada en los demás tramos de la iniciativa: expropiaciones más restrictivas, cambios en desalojos, modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Pero la foto política ya cambió. Lo que hasta el martes se presentaba como una reforma fuerte sobre el régimen de tierras rurales terminó convertido en una retirada táctica. El Senado marcó el límite: sin votos federales, la extranjerización de tierras no pasaba.

La mención al capítulo III no es menor. En el trámite legislativo, el retiro de un capítulo completo permite que el Senado avance sobre el resto del expediente sin tener que votar artículo por artículo una reforma que ya llegaba herida. También evita que cada senador quede expuesto en una votación específica sobre extranjerización de tierras, un tema que en muchas provincias tiene impacto directo sobre productores, comunidades rurales, áreas de frontera y recursos naturales. En términos políticos, el oficialismo eligió desactivar el foco de conflicto antes de que el recinto lo transformara en una derrota pública.

Para los bloques opositores, la decisión confirma que la presión territorial funcionó. Para los aliados, abre una salida menos costosa: acompañar algunos puntos de la ley de propiedad privada sin cargar con el capítulo más impugnado. Para el Gobierno, en cambio, deja una señal incómoda: la agenda de desregulación encuentra límites cuando se cruza con bienes que las provincias consideran estratégicos. Tierra, agua, frontera y fuego no aparecieron como asuntos técnicos, sino como palabras con peso político propio.

Fuentes consultadas: Parlamentario, Perfil, Senado de la Nación, Ley 26.737, informes del CELS y del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.